Existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países. Representan alrededor del 5% de la población mundial. Se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15% de les más pobres. Para dar a conocer las necesidades de estas comunidades, cada 9 de agosto se conmemora la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena que tuvo lugar en Ginebra en 1982.
Interseccionalidad y violencias contra las comunidades indígenas
Según explica la revista de Soberanía Salud, en los últimos años la Argentina avanzó notoriamente en lo que refiere a los derechos de los Pueblos Originarios y más aún con respecto a las mujeres originarias. Esto se debe a la adhesión a tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como la CEDAW por sus siglas en inglés (art.12); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art.12); los artículos 1.1 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos; la Declaración Americana de Derechos del Hombre (art. XI) y el Protocolo de San Salvador (art.10).
Sin embargo, las comunidades originarias sufren las consecuencias de un sistema excluyente de manera cotidiana. Sin ir más lejos, la represión a quienes se manifiestan en defensa del territorio y del agua en el Norte del país, donde se conceden derechos de uso y explotación sobre territorios indígenas a empresas privadas extranjeras para proyectos de generación de energía, dista de respetar el concepto de ciudadanía y derechos indígenas. No se realiza una consulta previa, ni se tiene el consentimiento de los pueblos involucrados.
Además, las mujeres originarias padecen un cruce de desigualdades: a la discriminación motivos de género se le suman otros factores, como el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la orientación sexual y la identidad de género. La superposición de varias capas de discriminación -la interseccionalidad- genera una forma de discriminación agravada y potenciada. Las mujeres wichí, por ejemplo, muchas veces eligen tener partos en sus hogares porque en los centros de salud no hablan sus lenguas y padecen la vulneración del derecho a la información sobre las diversas formas de dar a luz.
Lideresa indígena: el trabajo de Clara Chilcano
Clara Chilcano nació en Colonia Dolores (Santa Fe), el 8 de mayo de 1958. Es hija de madre y padre Mocoví, artesanes y recolectores; su padre fue también hachero y guía espiritual. En su juventud, comenzó a participar de los primeros encuentros para la reorganización comunitaria de su pueblo.
Trabajó en la elaboración del proyecto de ley indígena de la Provincia de Santa Fe en 1993, que se convirtió algún tiempo después. Según explica una nota de la Universidad del Litoral: “Un año más tarde integró la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (OCASTAFE), en donde propició la revalorización del ser indígena, su memoria colectiva, la reconstrucción de la historia de las comunidades y el fortalecimiento de la organización. Trabajó para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades e impulsó la creación de programas de educación, salud, seguridad social, ambiental y derecho de acceso al territorio”.
En 2002 fue promotora de los debates e integrante en calidad de asesora de la comisión redactora de la Ley 12.086 de tierras indígenas como reparación histórica a las comunidades de la provincia de Santa Fe. Siete años más tarde, participó activamente en la creación del Registro de Comunidades Aborígenes de Santa Fe, que fue creado por decreto Nº 1175. También forma parte de la Organización de Mujeres Dirigentes Indígenas.
¿Escuchaste hablar sobre los feminismos indígenas?
Según explica la plataforma Modii, los feminismos indígenas se pueden definir como una corriente feminista en la que prima el pensamiento colectivo. Lucha por los derechos colectivos y se diferencia del pensamiento feminista occidental, que parte del individuo y su exclusión.
Las feministas indígenas reconocen que dentro de sus comunidades existen lógicas patriarcales que se deben transformar, ya que algunas son sexistas y excluyen a las mujeres. Sus prioridades se centran en el cumplimiento del derecho colectivo a la tierra y a los recursos naturales, en el derecho a no sufrir violencias, ni en sus territorios ni en sus cuerpos, y en la participación política desde la comunidad. También es importante resaltar el enfoque intergeneracional de su lucha.